Con carta anónima, denuncia supuesta corrupción en Movilidad de Puebla
Una carta difundida en redes acusa a mandos de Movilidad y Transporte de Puebla de presuntas extorsiones, cobros por plazas y abusos laborales.
En redes sociales comenzó a difundirse una carta abierta dirigida a la opinión pública y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en la que presuntos integrantes del personal operativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) denuncian una serie de irregularidades, abusos y presuntos actos de corrupción al interior de la dependencia.
En el documento, firmado de manera anónima por “Personal Operativo de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla”, los denunciantes señalan directamente al comandante Jaime Oropeza González como responsable de una presunta red de corrupción y extorsión dentro del área.
De acuerdo con la carta, se acusa al mando de realizar cobros indebidos de entre 40 mil y 50 mil pesos por el otorgamiento de plazas, que supuestamente habrían sido pagados por alrededor de 350 elementos. Además, se denuncia la presunta exigencia de cuotas diarias de entre 500 y mil pesos por unidad, lo que, según los denunciantes, podría representar ingresos de hasta un millón de pesos semanales.
l documento también menciona supuestos vínculos con la delincuencia, señalando que el funcionario habría sido mencionado en grabaciones difundidas por grupos delictivos, donde presuntamente se habla de brindar protección a células criminales, situación que —según los inconformes— pone en riesgo tanto a los elementos como a la población.
Entre otras irregularidades, la carta acusa la designación de “jefes de grupo” sin trayectoria policial ni perfil jurídico, entre ellos personas identificadas como Kuri Trujeque, Flavio García, José Luis Márquez —del área administrativa—, Juan Carlos “El Quik” y Luis Manuel Sánchez Benavides.
Asimismo, los denunciantes aseguran que el personal enfrenta condiciones laborales precarias, con jornadas de 16 a 18 horas diarias, con apenas un día de descanso después de 15 días trabajados. Además, señalan que carecen de certeza jurídica en sus funciones, lo que ha derivado en agresiones por parte de particulares y operadores del transporte público.
También advierten deficiencias en la capacitación, pues aseguran que la mayor parte de la formación se realizó en línea y que solo recibieron dos semanas presenciales en la Academia de Policía Estatal, lo cual consideran insuficiente para las labores de seguridad y vialidad en campo.
